viernes, 13 de junio de 2003

¿Qué nos sobra en Madrid?

El berenjenal surgido tras las elecciones a la Comunidad de Madrid nos da ocasión para reflexiones menores y mayores.
El resultado de las pasadas elecciones otorgaba la victoria al PP con una mayoría simple aproximada del 45%. Con un porcentaje similar gobierna Pujol en Cataluña y, de hecho, jamás ha alcanzado Convergencia y Unión un porcentaje tan elevado, pero ahí está. Y, a pesar de ello, hay quien aún se nos quiere vender como triunfador en la CAM. Primer reflexión, conviene dejar claras las cosas: el PP fue el partido vencedor en la CAM, aunque otra cosa sea que no obtuviera la mayoría absoluta. La presente ley electoral permite que una unión de partidos desplace al más votado y eso es lo que iba suceder en Madrid. El PP no podría gobernar porque sus diputados no le daban para alcanzar una estabilidad parlamentaria, además de no poder lograr la investidura.
Conviene también recordar que el PSOE de Joaquín Leguina se aprovechó, legislaturas atrás, del voto de dos tránsfugas -Piñeiro y Ortiz- para superar una moción de censura presentada por Alberto Ruiz Gallardón con todos los votos para ganarla inicialmente. Piñeiro se presentó en las listas del PP, pero su abstención en las votaciones permitió que Leguina siguiese como presidente. Ahora Leguina tilda de "ventajista" la propuesta del PP de repetir las elecciones y califica de corruptos a los dos desleales de su partido. Ver para creer. Segunda reflexión: sólo quien esté limpio que lance la primera piedra.
Un resultado tan ajustado se presta a manipulaciones múltiples. Resulta absolutamente improcedente, y no habla especialmente bien de un candidato, que se empiecen a repartir cargos antes de ser investido el gobierno. Las pretensiones en caja Madrid, Ifema, etc, han sido lamentables -la propia IU se encargó, por escrito, de oponerse al cambio de Miguel Blesa y a la politización de la entidad- y, visto lo visto, poco oportunas. Tercer reflexión: Rafael Simancas se precipitó y no sólo en los casos citados sino en otras declaraciones.
En la CAM se manejan miles de millones. Quinientos o mil son pocos comparados con esas cifras y sin embargo son muchos para una persona. Y bastaban dos personas para cambiar equipo de gobierno. Nuestro sistema social facilita la defensa de intereses aunque sea a base de comprar voluntades. ¿Dónde puede estar la ética en medio de tanta basura mediática para distinguir y castigar un cambio de opinión basado en la conciencia o apoyado por el bolsillo? ¿Tiene todo el mundo tan clara la distinción entre conciencia y bolsillo? Porque uno es perseguible y el otro hasta puede dignificar. Todo según la demagogia del razonamiento de turno. Y, de momento, no sabemos qué se ha producido. Cuarta reflexión: es perfectible un sistema electoral que da pie a que se produzcan situaciones tan "tentadoras" y, por tanto, conveniente su modificación.
Una vez producidos los hechos, no cabe más salida que unas nuevas elecciones. Ningún partido podría gobernar éticamente gracias al apoyo activo o pasivo de los dos diputados. Si el PP lo hace será acusado, como mínimo, de oportunismo cuando no de "instigador de conciencias". Pero el PSOE tampoco podría admitir un eventual apoyo activo o pasivo de ambos, ya que también se le podría acusar de "haber ofrecido más". Ningún partido puede permitirse llegar al gobierno a través de esos dos votos, ni siquiera a través de una renuncia al acta de diputado. Esa eventual renuncia podría venir de no se sabe qué presiones y tampoco el estado de derecho quedaría limpio. Y es absurdo pretender que el PP llame al orden a los diputados díscolos. Primero porque no pertenecen a su partido y conviene que cada cual arregle su casa. Segundo porque parecería cómo que tuviese algún poder para forzarles a ello, lo que sin duda, dado lo bienintencionados de nuestros políticos, sería aprovechado por alguno para caldear el ambiente con el argumento de que los sobornadores habían hecho rectificar sendas voluntades y el PP quedaría en entredicho si gracias a su intervención se produjese la devolución de actas. Además, ¿no es lícito en política aprovechar las debilidades del contrario para sacar tajada? Y el PP puede sacar tajada, la tajada de una segunda oportunidad para obtener la mayoría absoluta. No se pida al partido adversario lo que no se hace a la inversa en situaciones parecidas y no hay más que ver pasado y presente para comprobarlo. De otro lado, unas nuevas elecciones darían ocasión a que los ciudadanos madrileños opinaran sobre qué gobierno desean para su comunidad: si uno del PP u otro del PSOE e IU con los repartos de poder que se vislumbran y que, en principio, no responden a un principio de proporcionalidad paralelo al deseo de los electores. Quinta reflexión: no queda más camino que un nuevo proceso electoral.
¿Por qué se resiste a ello el PSOE? Leguina ha calificado de "ventajista" la propuesta. ¿Acaso porque piensa que el PP obtendría la victoria? ¿Y por qué el electorado madrileño iba a volcarse más en el PP? Está claro que Leguina ve razones para ello y por eso piensa que el PP tendría ventaja. Pues si él las ve, posiblemente las habrá. Pero el PSOE pretende agotar los plazos legales. Es claro el motivo. El gobierno de la CAM fue la única victoria importante que podía mostrar el equipo de Rodríguez Zapatero. Si lo pierde, ¿en qué posición queda todo ese proyecto? ¿No sería lógico dilatar la solución para llevarla lo más posible hasta la fecha de las generales a fin de que el partido no tenga tiempo de reorganizarse y presentar otro equipo? ¿Quizá uno encabezado por José Bono? Y, si así fuese, ¿no sería lamentable que tal argucia se produjese en perjuicio del pueblo madrileño, cuyos intereses todos dicen defender? Porque entretanto es indudable que Madrid tendría un gobierno en funciones, que no es lo mismo que un gobierno de pleno. El pueblo de Madrid no debe ser perjudicado. Sexta reflexión: las elecciones, cuanto antes.
Y, ya que estamos, por qué no una reflexión más profunda. Hemos asistido en las pasadas legislaturas a conflictos entre Comunidad y Ayuntamiento a causa de las competencias de una y otro. Ahora todos parecen dispuestos a que haya un gobierno en funciones en la CAM durante casi cinco meses que, el destino así lo ha querido, lo habrá de ser también del Ayuntamiento. Desde luego en circunstancias precarias, trabajando desde un sitio para el otro. ¿Dónde estarán físicamente los equipos, las secretarías, etc? Pero Ruiz Gallardón ha transmitido -y con todo acierto- tranquilidad a los madrileños: la CAM seguirá funcionando. Pues si sigue funcionando con el mismo equipo de gobierno que el Ayuntamiento y en precario, ¿por qué no habría de hacerlo de forma permanente con una organización adecuada? En otras palabras, ¿acaso no nos sobra a los madrileños una de ambas instituciones? Dice el refrán que "no hay mal que por bien no venga" y quizá la grave situación planteada, que daña profundamente a la CAM como institución, permita abrir ojos y pueda ser aprovechada para que los madrileños nos organicemos mejor y a menor coste. ¿O es que se trata de que demos más puestos de trabajo a la clase política que se comporta tan dignamente con nosotros? Recordemos que en Londres se suprimió durante años el ayuntamiento y sus competencias fueron asumidas por el Gobierno Central. Aquí ni siquiera estaríamos hablando de eso, ya que contamos con tres administraciones en la misma ciudad. Séptima, última y gran reflexión: a los madrileños nos sobra una institución y lo mejor sería no unas nuevas elecciones a la CAM sino un referéndum para unificar CAM y Ayuntamiento. Así que Ruiz Gallardón, con mando en ambas, debería promover dicho referéndum por los cauces legales que corresponda. El referéndum saldría afirmativo casi con toda seguridad, los madrileños ganaríamos y la victoria le proporcionaría importantes réditos personales. ¿Alguien se opone? ¿Por qué motivos?